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La CDN de Nicaragua acusa al gobierno de buscar un control financiero total sobre sus ciudadanos.
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Las nuevas leyes incluyen vigilancia ya sea a través de bancos o wallets sin custodia.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), bloque político opositor en el exilio, envió recientemente una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que acusó al gobierno de Daniel Ortega de apoyarse en las leyes contra el lavado de dinero para perseguir a sus críticos y disidentes.
En la carta enviada a Georgieva, la CDN detalla que, desde mediados de enero, el gobierno de Nicaragua vigila las transacciones virtuales de los ciudadanos superiores a los 1.000 dólares, esto de acuerdo a una resolución publicada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Según la agrupación política, la administración de Ortega busca ejercer control sobre cualquier movimiento financiero, tanto a través de bancos y criptoactivos, como mediante contratos inteligentes y wallets no custodiales.
Al realizarse el estudio del equipo técnico del Artículo IV sobre Nicaragua en Washington, deseamos enfatizar que el supuesto propósito de forzar a Daniel Ortega a cumplir con las leyes y no solo publicar reglamentos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, servirán principalmente para perseguir a la oposición nicaragüense pervirtiendo los instrumentos de control tanto de la Interpol como de la GAFI.
Parte de la carta enviada por la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN).
Según la resolución de la UAF, en Nicaragua los proveedores de servicios de activos virtuales están obligados a monitorear las direcciones IP utilizadas en las transferencias bancarias, así como a identificar tanto a los usuarios que realicen dichas transacciones como a aquellos que las reciban. El organismo sostiene que la medida busca identificar operaciones inusuales y sospechosas tanto dentro del país centroamericano como desde el extranjero.
El CDN también expresó sus inquietudes respecto a la misión del FMI que visitó Managua del 11 al 22 de noviembre de 2024, argumentando que se omitieron temas relacionados con los derechos humanos bajo el gobierno de Ortega. En la declaración emitida por esta comitiva, se destacó que Nicaragua mantiene políticas macroeconómicas prudentes y flujos de remesas muy sólidos.
No obstante, el grupo opositor cuestionó la postura del FMI por enfocarse únicamente en el desempeño macroeconómico de Nicaragua, sin considerar el impacto de las condiciones políticas y de derechos humanos en el país.
La organización argumentó que no se puede separar la estabilidad económica de la creciente represión gubernamental, que incluye la eliminación de partidos políticos, el cierre masivo de organizaciones civiles y la reforma constitucional que consolida el control absoluto de Ortega. Además, advirtió que la migración masiva de nicaragüenses y la falta de garantías institucionales podrían afectar a largo plazo la inversión extranjera y el crecimiento sostenible.
La creciente vigilancia sobre las transacciones monetarias en Nicaragua plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la lucha contra el lavado de dinero y el respeto a la privacidad y las libertades individuales.
Claro que puede darse el caso de que las regulaciones pongan freno a delitos económicos, pero si son implementadas de una manera que no es efectiva, pueden influir negativamente en la dinámica social y económica de la población, asegurando que cada vez exista menos confianza y que se generen barreras innecesarias para la actividad financiera.
