Fue revelado el pasado jueves 22 de febrero que la Agencia de Policía Nacional de Japón (NPA) recibió entre los meses de abril a diciembre de 2017 un total de 699 casos de posibles casos de legitimación de capitales utilizando criptomonedas como Bitcoin.
De acuerdo con la información provista por la agencia gubernamental al diario nipón The Japan Times, la policía habría recibido dichas alertas emitidas desde las casas de cambio de criptomonedas luego de su legalización el pasado mes de abril. Las políticas establecidas por el gobierno incluyen normativas de prevención de transferencias de fondos de actividades ilícitas al utilizar mecanismos de identificación del cliente (KYC) y anti-lavado de dinero (AML).
La legislación japonesa requiere que las casas de cambio de criptomonedas se registren y exijan información personal de sus usuarios para apoyar las medidas de reducción de actividades ilegales utilizando criptoactivos. Si las casas de cambio sospechan de algún movimiento del dinero de sus clientes que pueda resultar irregular, está en el deber de reportarlo a las autoridades.
La agencia no reveló qué tipo de transacciones pueden resultar en una investigación por parte de las autoridades, pero se sospecha que tenga que ver con movimientos repetidos de grandes montos de dinero. Actualmente existen 16 organizaciones legalmente autorizadas en Japón para ofrecer estos servicios.
Una de ellas, Coincheck, fue víctima de un robo de más de 500 millones de dólares a finales del mes pasado. La empresa con sede en la ciudad capital de Tokio reveló que se vieron afectados alrededor de 260.000 usuarios que poseían la criptomoneda NEM en la plataforma. El problema se le atribuye a no haber implementado tecnología de autenticación de múltiples firmas, almacenado todos los fondos en una cartera accesible mediante Internet.
Poco después, las autoridades financieras de Japón explicaron que realizarán inspecciones directamente en la sede de 15 casas de cambio de criptomonedas esperando por certificación. La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) será la responsable de llevar a cabo estas inspecciones in situ. En estas se hará hincapié en las medidas de seguridad del sistema de los operadores, así como en la gestión de los activos de los clientes para evitar posibles problemas a futuro, similares a los sufridos por los usuarios de Coincheck tras el millonario robo. La FSA ordenó a todas las casas de cambio del país que verifiquen y notifiquen sus medidas de seguridad, incluyendo sus protocolos contra el acceso no autorizado.
El número de casos sospechados de lavado de dinero, incluyendo aquellos reportados por instituciones financieras, llegaron a 400.043 casos en el 2017, 1.048 casos menos que en el 2016, según estableció la policía del país nipón.
