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Las autoridades de España y Colombia rastrearon la operación ilegal, que intentó blanquear capitales
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Los delincuentes recurrieron a una casa de cambio finlandesa.
Recientemente fue desmantelada una operación de narcotráfico que operaba en España y Colombia y utilizaba las criptomonedas para legitimar los capitales. La operación, llamada «Tulipán Blanca», fue coordinada por la Europol y ejecutada por la Guardia Civil Española y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según el reporte de la Guardia Civil publicado en un diario español, la organización logró legitimar más de 8 millones de euros. El dinero procedente del narcotráfico era depositado en cajeros automáticos en España en 174 cuentas corrientes. Luego, mediante el uso de tarjetas de crédito, el dinero era retirado en cajeros de Colombia y Panamá.
Sin embargo, para hacer más difícil el rastreo de estas operaciones, los criminales recurrieron a la compraventa de criptomonedas a través de una casa de cambio finlandesa. Con la ayuda de las autoridades de ese país, la operación pudo rastrear el recorrido del dinero usado en la compra de criptoactivos hasta la organización criminal investigada.
De esta manera se pudo constatar que todas las partidas de dinero convertidas en bitcoins procedían de España, concretamente de la organización investigada, y que el destino de las mismas después de las correspondientes operaciones de compraventa fueron cuentas corrientes de entidades colombianas, donde se procedía a la retirada de efectivo en Pesos colombianos.
Guardia Civil de España
DELITOS FINANCIEROS CON CRIPTOMONEDAS
Uno de los principales argumentos de las autoridades gubernamentales alrededor del mundo sobre la necesidad de regular el intercambio de criptoactivos es el potencial uso de éstos para cometer delitos financieros, como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal.
El supuesto anonimato que brindan las criptomonedas, aseguran, dificulta el rastreo del dinero obtenido de manera ilegal. Sin embargo, las transacciones realizadas en blockchains públicas como Bitcoin son verificables por cualquier usuario alrededor del mundo, por lo que el argumento de su anonimato es erróneo.
Operaciones como ésta demuestran que los delitos financieros que utilicen criptomonedas con redes públicas pueden rastrearse fácilmente. Teniendo esto en cuenta, puede alegarse que los criptoactivos pueden ser integrados dentro del sistema financiero mundial sin problemas aplicándole leyes contra el lavado de dinero.
Hace algunas semanas las autoridades japonesas instaron a sus homólogos del G20 a discutir este tema. Igualmente, el presidente del Banco Central de Taiwán, país que se ha mostrado muy receptivo con respecto a esta tecnología, declaró en el Yuan Legislativo que es necesario un marco legal que evite el uso de las criptomonedas para actividades ilegales.
