El pasado 27 de junio un inversionista presentó en Estados Unidos una demanda colectiva en contra de Ripple Labs, empresa a cargo del desarrollo del criptoactivo XRP y su blockchain, señalando que esta empresa ha violado la legislación referente a valores y que ha ejecutado estrategias de manipulación del mercado para sacar provecho de la comercialización del criptoactivo.
En esta oportunidad, David Oconer, quien es presentado como inversionista de XRP en medios como The Next Web, es el demandante de Ripple Labs y su CEO, Bradly Garlinghouse. En el documento presentado ante la Corte Superior del Estado de California, en el Condado de San Mateo, la acusación principal en contra de Ripple es la violación de las leyes de California, puesto que esta empresa ha estado vendiendo criptoactivos que podrían ser consideradas valores financieros, sin contar con la autorización requerida para esta actividad.
De acuerdo con el Howey Test, una prueba que define si una transacción implica el traspaso de valores financieros, cuando se compra un bien o un activo del cual se espera obtener ganancias basadas en el esfuerzo de un tercero, se está adquiriendo un valor. Para comerciar con este tipo de instrumentos es necesario un permiso especial en los Estados Unidos, con el cual no cuenta Ripple Labs. Por lo tanto, en el caso que se demostrase que el XRP, criptoactivo nativo del ecosistema de Ripple, es un valor, la empresa se vería en serios aprietos legales y de operatividad.
En este punto entran los alegatos de manipulación de mercado, ya que, según lo presentado por el demandante, Ripple utiliza su control sobre la comercialización del XRP para manipular el valor del criptoactivo, mientras que las ganancias generadas son utilizadas para el mantenimiento y mejoramiento de la empresa y del ecosistema del XRP.
Para defender esta acusación, en el documento se alega que Ripple, luego de producir la totalidad de sus criptoactivos (100 millardos de XRP) conservó el 80% para venderlo a su conveniencia y emplear estrategias que le han permitido a la empresa y a sus fundadores (acreedores del otro 20%) influir en el valor del XRP y obtener ganancias de ello.
Uno de los hechos citados para defender este punto fue lo ocurrido en mayo de 2017, cuando Ripple anunció que dispondría de 55 millones de XRP, de los 61 millones que aún tenían en su poder, para colocarlos en una especie de fideicomiso que permitiría que solo un porcentaje limitado fuese liberado para su comercialización cada cierto tiempo.
Esta acción por parte de la empresa impulsó un alza superior al 1.000% en el precio del XRP durante el segundo trimestre de ese año.
Durante el 2018, esta es la segunda demanda que recibe Ripple por violación a leyes referentes a la venta no registrada de valores en California, Estados Unidos. Anteriormente, en el mes de mayo, Ryan Coffey introdujo una demanda con acusaciones similares. En común entre ambos documentos se aprecian señalamientos sobre la emisión de los 100 millardos de XRP, que no fueron minados como sucede en blockchains que demuestran un mayor grado de descentralización, como Bitcoin y Ethereum, así como sobre la venta, al calificarla como “una ICO que nunca termina”.
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