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Gary Davis, de Kilpedder, Irlanda, está más cerca de enfrentar un juicio por conspiración en la distribución de narcóticos, lavado de dinero y piratería informática en suelo estadounidense.
La corte irlandesa autorizó el pasado viernes la solicitud de extradición de Davis, presentada por Estados Unidos en enero de este año.
Los cargos que enfrenta Davis guardan relación con la página Silk Road, en donde ayudaba al condenado a cadena perpetua Ross Ulbricht a moderar los intercambios de drogas.
Entre los intentos de los abogados defensores para evitar la extradición de su cliente, se incluyó el alegato de que Davis, de 27 años, sufre una incapacidad mental ocasionada por padecer del Sindrome de Asperger y depresión profunda. Argumento que no surtió el efecto esperado, pues el juez Paul McDermott lo rechazó.
A pesar de la negativa de McDermott, los abogados de Davis también introdujeron el argumento de que sí el acusado de blanqueo de capitales es extraditado, será tratado «inhumanamente» en el Centro Correccional Metropolitado de New York. Esto justificado en las declaraciones, bajo juramento, del reportero especial de torturas de las Naciones Unidas, Juan Mendéz, quien clasificó el recinto penitenciario como la versión de Guantánamo en aquella ciudad.
Sin embargo, este segundo argumento también fue rechazado por el juez, dando así paso a la sentencia: Davis debe rendir cuentas ante la justicia estadounidense quienes esperan conseguir cadena perpetua para el irlandés.
Se espera que la defensa de Gary Davis apele la decisión del juzgado en los próximos días, ya que en días pasados los abogados hicieron uso de la solicitud de «Juicio viciado, poco claro y con detalles vagos».
Además de atacar un nuevo ángulo: los cargos contra Davis no han sido presentados en Irlanda, solo en Estados Unidos.
Silk road funcionó de 2010 hasta 2013, y en ese tiempo generaron más de 214 millones de dólares en ventas de drogas y otras mercancías ilícitas.
Para 2013, el FBI cerró la página web de mercado negro más grandes en la historia. Y para el año 2015 dos de los agentes federales involucrados en la investigación fueron condenados por aprovechar su papel de autoridad para beneficio personal.
